LAS CRITICAS A LA LABOR DE LA CVR
Es interesante analizar la “coherencia” y los “principios” que guían algunos patrones de la sociedad peruana y de la clase política peruana, no solo en temas personales o de coyuntura, sino en temas de fondo tan sensibles, dolorosos y dramáticos, como el de la violencia en la época de la guerra subversiva en un país, donde los “intereses de estado” parecen tan sagrados que obligan con un "mal entendido espíritu de cuerpo” a blindar a esas instituciones que supuestamente se afectan con textos como el de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, un informe que más allá de los errores que pudo tener, es un esfuerzo serio y responsable, a partir del Estado y de la Sociedad Civil, por desentrañar la verdad de lo sucedido en todos esos años de violencia, de vejación y de barbarie para la sociedad peruana.
La mera verdad, es que la escopeta de dos cañones no es patrimonio aprista, es una especie de suerte nacional. Los peruanos, tenemos posturas diversas, formas de juzgamiento diferentes que varían según la persona, el color, la condición social, el grado de amistad, el poder que se detente o el interés que nos guíe. En el caso de la política, cuando determinados personajes están en la oposición tienen un discurso, una conducta política. Cuando están en el gobierno tienen otro totalmente opuesto. Es el caso del Ministro de Defensa Antero Flores Araoz o del Ministro de Industria Rafael Rey, quienes de férreos opositores de Alan García pasan hoy a ser dóciles y complacientes Secretarios de Estado, personalidades políticas que a partir de los cargos que asumen (dentro de este segundo debut del líder aprista) desde el poder, desde la cercanía al líder y al partido de gobierno, acentúan sus críticas, inciden en el carácter de "recomendación" del informe, de su condición "no vinculante" y apareciendo como más papistas que el papa, se resbalan por el tantas veces mal entendido espíritu de cuerpo en el jabonoso tema del que nos ocupamos.
En el caso del Informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, resulta claro que los partidos que han ejercido el poder en los años de la guerra interna, se han sentido afectados por determinadas conclusiones y lo han criticado. Que instituciones como la Fuerzas Armadas, no aceptan que se concluya que, en determinados momentos, se cometieron excesos individuales, practicas que se fueron generalizando por la propia lucha o sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Que desde el púlpito del cargo público, muchos políticos insisten que afirmar lo anterior, es dañar la institucionalidad democrática y afirman sin rubor, que judicializar determinados casos, es afectar la honra o cometer injusticias con soldados que lucharon por la sociedad y el Estado; ignorando que este es un país donde la superficialidad y la incapacidad para el juzgamiento dentro de las garantías propias de la ley y de la Constitución, es un problema que afecta diariamente a miles de peruanos sin uniforme.
Un aniversario más de la presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) impica que no solo los fujimoristas critiquen el informe. Desde el gobierno, personajes con un doble estándar político como los nombrados Flores Araoz y Rafael Rey, lo atacan, mientras el Vicepresidente de la República Luis Giampietri (cuyos vínculos con la CIA antes que su relación con Kouri son los que finalmente pesaron para que integrara la plancha aprista) y el Comandante General del Ejército, el pintoresco Edwin Donayre, minimizan su valor.
Lo concreto y lo real, es que el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación es un documento que merece respeto. Que se trata de recomendaciones que tienen que ser acatadas por los gobiernos de turno, porque representan un compromiso del Estado para cerrar un doroso capítulo de nuestra historia reciente. Porque más allá de errores en las cifras sobre el número de muertos u otras situaciones subjetivas, lo concreto es que se perdieron vidas humanas, que numeros más o menos, ese hecho no le resta valor al informe y que el trabajo de las sanciones a quienes cometieron excesos y el de las reparaciones económicas debe continuar.
Sin que signifique un aval a la condenable violencia terrorista, es un error negar lo evidente. Que desde el Estado se respondió con mayor o igual violencia, afectando derechos fundamentales de los más débiles, cometiendo crímenes que deben ser sancionados. Reconocer ese hecho, no menoscaba la institucionalidad del Ejército o de la Marina, por el contrario la dignifica.
El informe debe servir para tratar en lo posible de sanar las heridas y los resentimientos, debe ser con su cumplimiento, el compromiso del Estado y de la Sociedad Civil por no cometer los mismos errores. Un documento como el Informe de la CVR debe servir para hacer notar que la desigualdad social, la exclusión, la injusticia y el abuso del poder son un caldo de cultivo para la violencia y la guerra interna. Debe servir para que de una vez por todas seamos capaces de aprender las lecciones del pasado. Capaces de no cometer los mismos errores. De no tropezar dos veces con la misma piedra.