sábado, 22 de julio de 2017

N° 455 - LAS PROCURADORAS YA FUERON.....

EN UN PAÍS DE INTERESES E IMPUNIDAD:




Este es un país pintoresco, surrealista, de antología. Un país "muy interesante". Por los intereses de los criollos se llevo a cabo la independencia. En la Guerra con Chile Pierola priorizo sus intereses personales a los grandes intereses de la patria y en los últimos tiempos, sin partidos políticos, con una frágil democracia, sin ciudadanía y sin institucionalidad, los intereses personales o de grupo, igualmente son los que priman sobre los intereses nacionales.Un dato histórico sintomático, es el que hace Alfonso Quiroz en su libro "Historia de la Corrupción en el Perú". Al retirarse del Perú los chilenos se jactaban de haber dejado un sistema de recaudación que no existía antes de la guerra porque nadie pagaba impuestos, porque los gobiernos y los gobernantes se lo exoneraban o se hacían de la vista gorda con sus amigos y amigotes. Demás está decir que desde antaño grandes fortunas se han hecho a partir del puesto público, del "sacrificado servicio al país".

Es en este contexto que debe entenderse la caricaturesca destitución de las procuradoras y sobre todo de la Dra. Julia Príncipe; a quien después de supuestamente "reivindicarla" la terminan botando en los mismos términos y con las mismas malas formas del gobierno anterior. Y aquí antes que razones fundadas, hay como siempre, intereses y búsqueda de impunidad. Frente a su destitución, lo primero que se ve es que los grandes estudios, mejor dicho los abogados de los grandes estudios, los "técnicos", los "especialistas", los  que patrocinan a los bancos o a las empresas más poderosas del país tratan de desprestigiar a las abogadas despedidas, bajo argumentos que están en la línea de la Ministra de Justicia, que sustenta su despido en una negativa a  aplicar el DECRETO DE URGENCIA N° 003-2017.

El problema es que el Decreto de Urgencia N° 003-2017, es como muchas normas legales que se evacuan en el Perú, un instrumento jurídico imperfecto, con vacíos legales, esto es sin los mecanismos procesales para la suspensión de las transferencias que solo se da a empresas y no a personas naturales; con una temporalidad absurda en un país donde se legisla o se imparte justicia, tarde, mal y nunca. Un decreto que tenia la necesidad de un trabajo multisectorial para establecer la cuantía de la reparación civil, el daño emergente y el lucro cesante. Un Decreto de Urgencia que fue aprobado por una mayoría fujimorista sobre la que pende una posible denuncia de recibir dineros de ODEBRECHT. La misma acusación que se deslizo contra el Presidente de la República, después de encontrarse pruebas de transferencias de dinero a empresas de su propiedad o donde  tiene intereses; en un contexto donde no hay norma o articulado  que sancione la conducta ilícita de personas naturales que realicen transferencias al exterior de estas empresas metidas en actos de corrupción. 

Adicionalmente a lo anterior, los abogados de los grupos del poder económico y de las élites en éste país -o el ex fiscal Avelino Guillen, que parece busca el cargo como "premio consuelo" al no ser nombrado primer Ministro de Justicia de éste régimen - hablan que "se ha sobredimensionado"  la labor de la procuraduría, que las señoras se han "excedido"  en sus funciones y que esta labor "debe ser solo preocuparse de la reparación civil". Algo que es absurdo. El abogado del Estado -si bien es cierto que solo busca una reparación civil- tiene que contribuir al esclarecimiento del delito, tiene que buscar que haya sanción, que el delito no quede impune, que no prescriba, en esa dirección tiene que interponer los recursos que sean necesarios, ante errores procesales que puede cometer la fiscalía o un Poder Judicial con bastantes limitaciones y corrupción.

Y antes que decir que las procuradoras con la medida cautelar  que interpusieron ignorando el Decreto de Urgencia, para garantizar el pago de la reparación civil, "petardearon la cadena de pagos"; es necesario decir que fue el propio gobierno el que "petardeo" la lucha contra la corrupción, al dar un decreto mal hecho y con vacíos legales. Que lo que hicieron las procuradoras, es frente al vacío, aplicar un recurso procedimental establecido en la ley que es el que se tenía que aplicar. A propósito del Decreto de Urgencia, hay que decir también, que la norma no califica como decreto de urgencia, de acuerdo a  una ejecutoria del Tribunal Constitucional que establece los criterios que los conforman. 

Por otro lado, si la norma no establece el nivel de coordinación entre la fiscalía y el Ministerio de Justicia o el Poder Judicial, que finalmente ampara la pretensión cautelar, como se puede cuestionar a las procuradoras y no cuestionar al juez que concede la medida. Como se puede cuestionar  a las procuradoras y no a SUNAT que embargo antes. Allí hay una incongruencia, el gobierno debería pedir al Poder Judicial que sancione o destituya al juez si supuestamente se ha perjudicado al Estado y eso no ha sucedido. Además de lo anterior en Mayo ODEBRECHT  pretendio vendió activos y maquinarias a la empresa TRANS PACIFICO SAC, sin respetar el decreto de urgencia y sin que el gobierno hiciera nada para impedirlo o sancionarlo.

En un país con un alto nivel de corrupción de su clase gobernante o de su clase política, frente a un marco legal lleno de vacíos e imperfecciones; la procuraduría a priorizado lo que consideraron el interés superior del Estado frente a un gobierno que se muestra timorato e indeciso ante la posibilidad de que el escándalo le reviente en la cara. Eso no es finalmente protagonismo, eso es tener iniciativa, valor y decisión frente al poder de turno. Y frente a una fiscalia que esconde acuerdos con ODEBRECHT  que deberían ser públicos. Porque no pensar -ante su conducta- que lo que se le ofreció al Contralor como "ampliación presupuestal"  u otra granjería para sacar Chincheros; no se le pudo ofrecer a la fiscalía;  por algo o por alguien. 

Los dos principales actores políticos en el ejecutivo y en el legislativo del presente quinquenio, parece que han sido "caceritos" de ODEBRECHT y aprueban una norma que no es lo que parece y que tiene una serie de ventanas para que los brasileños salgan bien librados. Imperfecciones frente a las que si algo sale mal, el culpable no va a ser el que hace la ley, sino el burócrata de segundo orden que se vio rebasado o impotente frente a la ley. 

PPK cada vez se parece más a Goñi Sánchez de Lozada y puede terminar como él. Las amenazadoras palabras de la mujer de Toledo y las cuentas o transferencias encontradas  en empresas que son de su propiedad o en la que tiene intereses; dan una pista de actos de corrupción; frente a la que los "puritanos institucionalistas" que viven de la política y del Estado salen a enfrentar para defender la "institución presidencial"; igual como salieron a "defender al Ejercito" por soldados u oficiales que mataron, violaron y atentaron contra los derechos humanos de gente indefensa.  Una cosa es defender instituciones y otra cosa es defender pendejeretes, rateros o corruptos que están en las instituciones cuya imagen y dignidad esta por encima de ellos. La diferencia entre ambos conceptos se llama impunidad. Eso debemos tenerlo bien claro.

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