miércoles, 2 de septiembre de 2015

N° 408 - LA TREMENDA JUEZ

EL PROBLEMA DE LA JUSTICIA EN EL PERÚ:


La bochornosa resolución de la juez del 54° Juzgado Penal de Lima, HAYDEE VERGARA RODRIGUEZ,  al liberar 52 delincuentes que entraron a destruir y tomar por la fuerza un inmueble de ciudadanos mexicanos en Lima, incurriendo en delito de USURPACIÓN AGRAVADA, ha puesto una vez más en tela de juicio, el problema de la administración de justicia en el Perú. 

En el contexto anterior, en principio hay que señalar que la crisis de la administración de justicia en el país, no es solo un problema de falta de dinero. Hay por un lado un manejo político, personalista del Poder Judicial, que tiene que ver con la imagen de los miembros de la Corte Suprema que ocupan la presidencia y que materializan acciones efectistas para las tribunas, ante el descrédito institucional, pero que son poco significativas institucionalmente -aunque resulten necesarias- como la creación de Cortes Superiores, en el Cono Este y Cono Sur en Lima, sin las partidas de recursos económicos correspondientes, re ubicando personal, llevando mobiliario de un lado a otro, generando un caos administrativo significativo -con juzgados sin computadoras o papel- que incide en un mayor retraso de los procesos, por la acumulación de carga procesal y la falta de personal. Una realidad que se da igualmente en provincias con partidas mínimas, juzgados que en su numero no satisfacen la demanda, corrupción  y la "institucional" demora en la tramitación de los procesos., que termina hasta justificando esos bochornosos actos de corrupción, como si fueran retrasos de tramitación en las ODECMAS.

La creación de Corte Superiores en Lima, simple y llanamente fue para que el Presidente de la Corte Suprema de la República de turno, consigne en su memoria que creo Cortes Superiores y Juzgado de Transito, en un hecho que tiene efecto mediático, propagandístico, pero que en el fondo, sin recursos para su complementación, no soluciona una problemática que afecta a ciudadanos y a los abogados. Y digo a estos últimos, porque muchas veces la demora en los procesos es vista por el litigante como producto de una mala gestión, asesoría o patrocinio y eso no es real, porque poco puede hacer muchas veces el abogado frente al sistema.

Por otro lado, aunque el sistema funciona, aunque todo no es corrupción y hay de todo en cuanto a operadores de justicia, otro de los grandes problemas es la calidad de la administración de justicia. Y aquí nos enfrentamos al problema de la educación superior en el Perú. Al hecho que no se forman magistrados,ni  juristas, sino abogados, en muchos casos sin mayores conocimientos, que ingresan a la carrera judicial por los atractivos sueldos que hay hoy en día, pero que no tienen la idoneidad, el talento y la sapiencia para administrar justicia. Una justicia que por la carga procesal termina siendo evacuada por los secretarios de justicia o por los asistentes, muchas veces ofendiendo la inteligencia ajena, la lógica y los principios generales del derecho, como es el caso de ésta resolución de la Dra. Vergara que no tiene ninguna justificación; en principio porque a ojo de buen cubero, había la posibilidad de identificar otros delitos y luego porque si la denuncia no reunía los requisitos de ley -la identificación de los responsables- podía devolverla para que se actuara con arreglo a ley, pero en ningún caso ordenar su libertad. En ese contexto ha sido acertada y demuestra reflejos políticos la decisión del Dr. Oswaldo Ordoñez, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima de separarla del cargo.

Esta situación hace que muchas veces se confundan como actos de corrupción,  las burradas de jueces improvisados, sin capacidad, sin mayores conocimientos o las resoluciones "preburricadoras" de jueces que ni siquiera leen las resoluciones que terminan evacuando sus subordinados y sobre las que ellos son únicamente responsables. Aquí hay que ser claros en señalar que se tiene que cambiar las formas de designación de magistrados, no puede ser que una enfermera termine designando jueces. Que la idoneidad no sea un parámetro para su designación. Que no se busque el perfil de un jurista, de un magistrado para la nominación de un juez. No se trata de "escuelitas" de magistrados, sino de verdaderas escuelas de formación, donde se impartan conocimientos, pero se insista en valores y principios éticos, tan necesarios en un país como el nuestro. No se trata finalmente, de responder simplemente un examen para ser juez. Eso es como seguir creyendo que el que saca 20 en el colegio u ocupa los primeros puestos tiene el éxito asegurado en la vida.


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