El armamentismo chileno de hoy, es el mismo de ayer. Y más que un hecho coyuntural que involucra a determinados gobiernos, los define a todos, porque es sin lugar a dudas una cuestión de estado. El armamentismo chileno responde a una visión geopolítica, a la teoría del espacio vital que le dio carácter expansionista, al concepto de nación que acuñara Diego Portales, en un país sin mayores recursos naturales y que sirvió en 1879 para ampliar sus fronteras en alianza con capitales ingleses. Desde Portales la nación sureña tiene claro que su necesidad de supervivencia y la satisfacción de las necesidades vitales de su población, pasan por la ampliación territorial de ayer y la penetración económica y cultural de hoy, unida al aprovechamiento o la toma de determinados recursos estratégicos. Y eso solo es posible con una marcada superioridad militar con respecto a sus vecinos. distantes. A entender que una cosa son sus capitales y su penetración estratégica en Perú o en Bolivia y otra en Argentina o en Brasil.
La clase política chilena, la oligarquía, los grupos de poder (que incluye el poder militar) y la intelectualidad del mapocho, a diferencia de la miopía de su pares en los países vecinos con los que se enfrento en el Siglo XIX, tienen claro que la necesidad detener material bélico con tecnología de punta o mejor dicho el armamentismo, es la garantía de una exitosa penetración económica que se instrumenta ya en diversos países del hemisferio y que terminara creando las condiciones para que, en países estructuralmente más débiles, con democracias incipientes y sin un concepto articulado de nación, como es el caso de Perú y Bolivia, se termine obteniendo los mismos resultados que en 1879, aunque dentro del marco de leyes geopolíticas y geo económicas de nuevo cuño.
En el contexto anteriormente descrito, el gobierno de Alan García Pérez, enfundado en un mercantilismo cortoplacista de simples réditos políticos internos, que pretende pasar por liberalismo, impulsa en la interna unilateralmente un TLC con Chile que no pasa por el Congreso y que vulnera el Inc. 3° del Artículo 56 de la Constitución Política del Perú, que tiene que ver con la seguridad estratégica y la defensa nacional. Y esto, porque a tenor de lo dicho, nuestras relaciones con Chile (de cualquier tipo) son sin lugar a dudas un asunto de seguridad estratégica y de defensa nacional, que debe merecer un amplio debate que involucre a la clase política, a los grupos de poder y por ende a las instituciones del estado. Y el tema tampoco pasa simplemente por compras militares que nos den una determinada capacidad disuasiva o defensiva. Se necesita preparar una nación y una generación, para enfrentar el expansionismo militarista y la penetración chilena. Se necesita visión de estado y estrategias en lo político, en lo social, en lo económico y en lo cultural, para evitar que la historia se repita.
La penetración económica chilena en sectores estratégicos como la agro industria, la electricidad, los puertos, los servicios, la banca y el comercio diverso; son la puerta de entrada al guano y el salitre del Siglo XXI, como son los recursos hídricos y energéticos del sur andino, que Chile va a necesitar en el futuro para su desarrollo y que con el pretexto de la delimitación de la frontera marítima, puede generar un escenario bélico, que llevaría la agresión militar chilena, esta vez a la planicie altiplánica.
En lo anteriormente determinado, están algunas de las razones por las que el Tribunal Constitucional debe fallar en contra del TLC con Chile. Es una cuestión de supervivencia, de principios, de ética y de coherencia; así el gobierno aprista contrate a uno de sus ex presidentes como relacionista público de su pretensión o al Decano del Colegio de Abogados de Lima, para que se confirme que en este país no hay visión de estado, no hay nación. Que los políticos y la política peruana (al igual que sus partidos) solo sirven para buscar el poder, el beneficio personal.
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