N° 81 - LOS JUZGADOS DE TRANSITO

EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y PODER JUDICIAL UNIDOS POR LA DEMAGOGIA:

Quien escribe estas líneas es un abogado del pueblo. Un hombre que sufre con sus patrocinados, porque en el Poder Judicial no hay plata para las notificaciones, para solucionar la excesiva carga procesal de los juzgados que retarda los juicios y desespera al litigante. Hoy en día, las notificaciones judiciales han colapsado, lo que repercute en la marcha de una administración de justicia, que no siendo buena, cumple al menos, con su obligación constitucional, en medio de un mediocre estándar de calidad, que le resta credibilidad, no solo por la falta de idoneidad de muchos de sus jueces, sino por la cultura de corrupción que afecta al Estado.

En el contexto anteriormente descrito, cuando de lo que se trata es de otorgar más recursos al Poder Judicial para solucionar el problema de la excesiva carga procesal o del colapso del sistema de notificaciones judiciales, al Congresista Víctor Andrés García Belaunde, no se le ocurrió mejor idea que inspirarse en Códigos de Tránsito extranjeros, como el Código de Tránsito de EL SALVADOR (Decreto Legislativo 771 publicado en el DIARIO OFICIAL DE EL SALVADOR el 10 de Diciembre de 1999) e impulsar un Código de Tránsito made in Perú que toca sesgadamente un problema de la sociedad peruana, que no tiene que ver necesariamente con el juzgamiento, sino con la prevención, con la cultura vial ciudadana.

Y como en este país políticamente lo que cuenta es el gesto y la pose, el Congreso ampara la propuesta, el Legislativo la promulga y el Poder Judicial la aplaude. No importa que después no haya dinero para la implementación de los juzgados y la viabilidad de juzgamientos, que no son más que los procesos por violación, por robo agravado o por procesos civiles de diversa naturaleza. Y lo grave es que la norma ignora la competencia en función de cuantías y otros aspectos técnico procesales. La ciudadanía es una vez más subestimada, burlada, engañada, al crearse juzgados especiales que van a crear un elemento perturbador más en una administración de justicia sin recursos y sin logística.

Nuestros Padres de la Patria ni siquiera le preguntaron al Poder Judicial el índice estadístico de los procesos derivados de accidentes de tránsito para ver el costo-beneficio de la creación de los juzgados de marras, simplemente vieron en el tema la posibilidad de quedar bien, de pasar piola. Y como a un Poder Judicial subordinado y en crisis le interesa mejorar su imagen, como se dice criollamente "se sube al micro" y lo demás ya se resolverá en el camino. Crear derecho o legislar en estas condiciones, por clientelismo o por oportunismo resulta lamentable. Esta es nuestra clase política, nuestra clase dirigente; estas son las imaginativas y originales propuestas legislativas de personajes que entienden la política a partir de un manejo mediático de su imagen pública. Así vamos a seguir siendo siempre una republiqueta.