martes, 7 de julio de 2009

N° 74 - SOLTARON AL LEÓN



CORRUPCIÓN DEL SEGUNDO ALANISMO:


Quien conoce de andares judiciales sabe que para variar una orden de detención se requieren tres elementos: Existencia y suficiencia de elementos probatorios que vinculen al encausado con la comisión del delito; prognosis de pena y peligro procesal; además de los requisitos anteriormente expuestos, se necesita que el pedido para la variación del mandato de detención por el de comparecencia o sea la libertad, se sustente también en nuevas pruebas.

En el caso de Don Rómulo León Alegría, existen suficientes elementos probatorios que vinculan al encausado con la comisión no solo de éste delito sino de otros delitos, un hecho que hace presumir una sentencia condenatoria (prognosis de pena) existiendo además peligro procesal, porque hay la posibilidad de que el encausado se fugue. En el contexto anterior, además de que los tres elementos procesales no se dan para variar el mandato de detención, no hay nuevas pruebas que abonen por la inocencia del papá de Lucianita y esto porque las pruebas que sirvieron para abrir instrucción, ni siquiera se han terminado de actuar y la CPU del ex ministro de Pesquería del régimen aprista, tampoco se ha analizado. Es decir a pesar de no cumplir el pedido de variación de mandato con los presupuestos procesales requeridos por ley, se le ha variado el mandato de detención por el de arresto domiciliario, en una cuestionada resolución que tiene errores de fondo y de forma, como el que la dirección consignada para el arresto domiciliario no existe.


En el sistema judicial peruano hay miles de litigantes, de inculpados que solicitan una variación de mandato de detención por comparecencia y ésta le es denegada porque los jueces consideran generalmente, que no se dan los tres elementos o porque arguyen en resolución motivada, que no hay nuevas pruebas. Pero como justicia perfecta e imparcial no existe en el Perú; como la administración de justicia aquí, es sesgada y favorable al que tiene relaciones, poder político o dinero; en un Poder Judicial controlado por el APRA, resulta lógico que, en la causa más emblemática para graficar la corrupción aprista en su segundo mandato; a Romulo León Alegría se le libere para que quede firmado el fraternal pacto infame de silencio cómplice, que no necesariamente tiene que suscribir Alan García y que años atrás firmara igualmente entre catacumbas Agustín Mantilla


Para la disciplinada militancia aprista, que en público critica a Rómulo León y en privado le dice "hermanito" y negocia con él; el partido está por encima del país, el gobierno por encima del partido y Alan García Pérez (que espera volver al poder el 2016) por encima de todos. En ese camino por limpiar la imagen de un mal gobierno anterior y ser Presidente de la República por tercera vez; en esa búsqueda del interés propio, del culto a la personalidad y la obsesión por la imagen frente a la historia; el Alan García Pérez del Siglo XXI es bombero, conservador, liberal; un mandatario que expresa que se puede gobernar con los ricos pero no contra los ricos, que no emprende reformas profundas, que en su afán de no quemarse ha perdido el rumbo de lo que es conducir los destinos de la patria; cuando el problema de un país como el Perú, hace rato que no es solo un problema de representación sino de gobernabilidad.

Y no basta una simple declaración del Premier del enojo Presidencial frente a la arbitraria e ilegal medida, porque su socio abogadil de 1978 y amigo de partido (de toda la vida) del Presidente de la República, es hoy Presidente de la Corte Superior de Lima; el mismo personaje (en el mismo cargo) que fue el operador político del APRA en el Poder Judicial de 1985 a 1990, cuando inauguró sabe dios con que fondos una lujosa mansión en La Molina. Y es que en todo esto hay un manto de impunidad; porque hay una serie de personajes políticos apristas, que aparecieron en los audios y ni siquiera han sido llamados a declarar; porque la sala que juzga a Romulo León, esta conformada con jueces cercanos a Vega Vega, porque el retraso es lo real y los pedidos de celeridad la simple fachada. Y en medio de este truculento panorama, es obvio que el escándalo se tape porque termina salpicando al gobierno y al partido aprista.


Al final el León de la corrupción anda nuevamente suelto, termina doblegando y comiéndose una vez más los valores democráticos, la decencia, los principios; termina demostrando al país que la justicia tiene clase social, que no es igual para todos; que el culto a la indiferencia frente a la cosa pública nace del poder, de las élites políticas y las clases dirigentes que gobiernan los destinos de este país, cubileteando el destino de la patria en los ágapes y en los eventos sociales. Y es que en este país no solo hay ciudadanos de primer y segundo orden, hay también la chauchilla, esos que estiran la mano, que por unos soles hacen líder o aplauden a tanto adefesio que hay en la política. Gente como esas señoras que reclamaban en las afueras de San Jorge por un Romulo León que "se preocupa por los pobres, que había dado agua, hecho puentes, carreteras...". Al final hay un nexo común, ambos personajes se preocupan por sus intereses personales, por sus bolsillos, por su economía. Estos son en el Perú los altos intereses de la patria.










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