N° 71 - BORRÓN Y CUENTA NUEVA

DEROGATORIA DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS 1064 Y 1090:

Si uno revisa los actos de gobierno en la historia peruana, lo que queda claro es que se confunde el autoritarismo y la soberbia, con el principio de autoridad. Que la falta de un concepto de nación y de una democracia representativa que se perciba (inclusiva, igualitaria) hace que hechos como el de Bagua queden en un "dialogo intercultural", vacío, que no es otra cosa que la imposición de una cultura de dominación, de una visión de país, en la que hay desde la perspectiva del poder, ciudadanos de segundo orden tal como lo declarara sin rubor Alan García.

El problema del Perú, es que sin una presencia real del Estado, sin un Estado-Nación, sin un Estado eficiente (en el amplio sentido de la palabra) en el espacio geográfico del territorio, el problema se convierte en estructural, en histórico y toda modificación impuesta a un modelo de pensamiento andino o de las comunidades nativas, por el funcionamiento de un sistema occidental que viene desde la colonia, resulta insuficiente para un diálogo intercultural real y efectivo, para establecer relaciones de dominación-subordinación armónicas, que concilien intereses de gobernantes y gobernados, que construyan ese concepto amplio y definido de nación del que adolecemos y que en el mundo rural o amazónico es incomprensible y limitado a su espacio geográfico, a su identidad cultural.

Algo de esto hay en los sucesos de Bagua. Un reconocimiento tardío y estéril de la falta de diálogo, de búsqueda de consensos, que hacen que los llamados a la paz y a la reconciliación entre los peruanos sea demagógico y efectista; un reconocimiento de errores o de falta de comunicación, que deja en claro que instituciones como la Comisión Nacional de Pueblos Andinos y Amazónicos (CONAPA) no sirven para entender el modo de pensar de andinos o nativos, sus expresiones textuales o contextuales y la peculiaridad de sus estructuras sociales y psicológicas.

Resulta dramático, doloroso y caricaturesco, que la perdida de vidas humanas de este choque intercultural entre peruanos, sea superado con una simple frase que apele al "borron y a la cuenta nueva", a enemigos externos del Perú que buscan destruir su buena imagen, a politiqueros y politicastros que buscan llevar agua para su molino o ahuyentar la inversión extranjera. En este contexto, si bien es cierto que no todo lo que se expresaba en los Decretos Legislativos 1064 y 1090 (que aprobaron la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y el Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario) era malo, vende patria y negativo para el país, el gobierno deroga, lejos de criterios técnicos y de la práctica legislativa las normas legales aprobadas y una vez más vuelve sobre sus pasos, deja de lado la coherencia que deben exhibir los gobernantes y muestra que, el fácil expediente del rédito y la necesidad política, del autoritarismo y la soberbia; van a terminar generando un costo político muy grande, no sólo porque va a arrinconar un gobierno que entrara no solo debilitado a un diálogo que debió propiciar desde el inicio, sino que probablemente tenga que hacerlo con un nuevo gabinete.

Al final, tenemos un país que camina a bandazos, que se construye, se reconstruye o se destruye en función de la vida y de la muerte. Tenemos una política que se forja alrededor del mito, la anécdota y la historia, de la conflictiva dinámica entre el deseo y la prohibición. Si la autoridad descansa en la capacidad de establecer consensos, la perspectiva del poder en el Perú esta ligada en principio al rédito político, al interés personal, a la imposición y por último, al diálogo. En esa dinámica, el ser o el construir un concepto unitario de nación y un Estado moderno, es un mito y una tarea pendiente. Y lo seguirá siendo mientras no haya una clase, una élite dirigente capaz, mientras los partidos no sean escuelas de democracia y de civismo; mientras ese trajinado diálogo intercultural del que tanto se habla hoy en día, no sea entre ciudadanos de primer y segundo orden.