EL CASO DE LA FISCAL LOAYZA
El Tribunal Constitucional, declaro IMPROCEDENTE por mayoría, el Recurso de Amparo interpuesto por la Fiscal Provincial Luz Loayza, para no regresar a ejercer su cargo en Maynas, en razón de las amenazas contra su vida de parte de la mafia del narcotráfico dirigida por Fernando Zevallos, ex Presidente de AeroContinente detenido en el 2005, después que ella lo denunciara por tráfico de drogas y lavado de activos.
El Tribunal fundamentó su resolución en el hecho que según su ilustrado criterio, la magistrado no probó “de modo inminente y objetivo” las amenazas de Zevallos o de su mafia en contra de su vida. Otro de los extremos de la resolución establece que, estando los fiscales y jueces sometidos al principio de autoridad jerarquica dentro de sus instituciones, la fiscal debe acatar el mandato del superior e ir a Maynas, esto porque a partir de una resolución declarando procedente el pedido, esto podía significar que la vulneración de este deber, serviría como precedente para que otros magistrados pidan su traslado a otras zonas aduciendo amenazas sin sustento real.
La resolución del Tribunal, que contó con votos singulares de Carlos Mesía, Gerardo Eto y Ernesto Álvarez (que sí se pronunciaron por declarar procedente el pedido de la Sra. Loayza) tiene una serie de cuestionamientos y prueba que una vez más en el Perú, la ley se aplica muchas veces en función de personas. Lo concreto y lo real, es que como a la Dra. Loayza nadie la apadrino ni apoyo su causa, terminó peleando sola por lo que consideraba su derecho. Y en ese contexto, se meritúan "irregularidades funcinales" y el principio de jerarquía y de autoridad termina valiendo más que el principio a la vida y a la integridad personal, que es supuestamente el valor mas valioso de todo estado de derecho, de toda democracia y de toda institucionalidad que se precie de tener como fin supremo el respeto a la dignidad humana.
Resulta absurdo que se diga que la resolución va a servir como precedente para que magistrados por cualquier motivo y sin razón pidan un cambio de destino. La resolución ofende la inteligencia ajena y el sentido común. Lo ofende porque frente a cada caso el juez tiene un criterio lógico jurídico. En la causa de la Dra. Loayza hay indicios razonables de las amenazas, hechos que han significado que testigos o gente que declaro contra Zevallos sea asesinada en circunstancias ejemplares para quienes quieran delatarlo. Un caso concreto en el que tiene que evaluarse el pedido dentro del contexto, a partir de la importancia de los hechos, de la forma de operar del inculpado y del delito. Nadie en su sano juicio va a inventar, acobardarse o victimizarse por gusto y la Fiscal Loayza es al menos una persona seria y respetable, que parece alejada de histrionismos psicopáticos.
La resolución del Tribunal Constitucional que de muy buena fuente sabemos fue influenciada con el envío de emisarios de la Fiscal Suprema, pregonando el respeto a las normas, la jerarquía y la institucionalidad; ha merecido la renuncia de la Sra. Loayza y esperemos que no tenga un desenlace mayor y más dramático, que haga que una vida pese sobre los hombros de gente que demuestra un desprecio a la vida humana, a la vida ajena. Gente que no actuarían así, si se tratara del amigo o del pariente. Personajes para quienes la jerarquía, la norma o la institucionalidad tienen un doble rasero. Estamos en el Perú. Y aquí lamentablemente, solo el que tiene padrino se bautiza.
El Tribunal fundamentó su resolución en el hecho que según su ilustrado criterio, la magistrado no probó “de modo inminente y objetivo” las amenazas de Zevallos o de su mafia en contra de su vida. Otro de los extremos de la resolución establece que, estando los fiscales y jueces sometidos al principio de autoridad jerarquica dentro de sus instituciones, la fiscal debe acatar el mandato del superior e ir a Maynas, esto porque a partir de una resolución declarando procedente el pedido, esto podía significar que la vulneración de este deber, serviría como precedente para que otros magistrados pidan su traslado a otras zonas aduciendo amenazas sin sustento real.
La resolución del Tribunal, que contó con votos singulares de Carlos Mesía, Gerardo Eto y Ernesto Álvarez (que sí se pronunciaron por declarar procedente el pedido de la Sra. Loayza) tiene una serie de cuestionamientos y prueba que una vez más en el Perú, la ley se aplica muchas veces en función de personas. Lo concreto y lo real, es que como a la Dra. Loayza nadie la apadrino ni apoyo su causa, terminó peleando sola por lo que consideraba su derecho. Y en ese contexto, se meritúan "irregularidades funcinales" y el principio de jerarquía y de autoridad termina valiendo más que el principio a la vida y a la integridad personal, que es supuestamente el valor mas valioso de todo estado de derecho, de toda democracia y de toda institucionalidad que se precie de tener como fin supremo el respeto a la dignidad humana.
Resulta absurdo que se diga que la resolución va a servir como precedente para que magistrados por cualquier motivo y sin razón pidan un cambio de destino. La resolución ofende la inteligencia ajena y el sentido común. Lo ofende porque frente a cada caso el juez tiene un criterio lógico jurídico. En la causa de la Dra. Loayza hay indicios razonables de las amenazas, hechos que han significado que testigos o gente que declaro contra Zevallos sea asesinada en circunstancias ejemplares para quienes quieran delatarlo. Un caso concreto en el que tiene que evaluarse el pedido dentro del contexto, a partir de la importancia de los hechos, de la forma de operar del inculpado y del delito. Nadie en su sano juicio va a inventar, acobardarse o victimizarse por gusto y la Fiscal Loayza es al menos una persona seria y respetable, que parece alejada de histrionismos psicopáticos.
La resolución del Tribunal Constitucional que de muy buena fuente sabemos fue influenciada con el envío de emisarios de la Fiscal Suprema, pregonando el respeto a las normas, la jerarquía y la institucionalidad; ha merecido la renuncia de la Sra. Loayza y esperemos que no tenga un desenlace mayor y más dramático, que haga que una vida pese sobre los hombros de gente que demuestra un desprecio a la vida humana, a la vida ajena. Gente que no actuarían así, si se tratara del amigo o del pariente. Personajes para quienes la jerarquía, la norma o la institucionalidad tienen un doble rasero. Estamos en el Perú. Y aquí lamentablemente, solo el que tiene padrino se bautiza.
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