jueves, 9 de julio de 2020

N° 537 - LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES

EL CONGRESO, VIZCARRA Y LOS PERUANOS:




Para comenzar a ser lo más concreto posible en explicar desde la perspectiva estrictamente jurídico constitucional, éste tema de la pugna entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento que ha derivado en una "reforma política", desestabilizadora, que no va a reformar nada, porque en el Perú siempre "algo cambia para que todo siga igual" al desnaturalizarse el equilibro de poderes; es necesario decir que la reforma es nula de pleno derecho, inconstitucional y va a ser declarada así por el Tribunal Constitucional en su momento. Y lo anterior porque valgan verdades, eso es lo que va a pasar cuando tarde o temprano se sometan al procedimiento constitucional correspondiente dichas reformas; no solo porque vulneran garantías y principios constitucionales, sino porque no han seguido el procedimiento de ley, que es  la existencia de dictámenes y su debate en comisiones.

La  modificatoria del Art. 93° de la Constitución, aprobada por el Congreso de la República como "reforma constitucional" lo que hace es reforzar la inmunidad para la función congresal y recortar en el articulado correspondiente, la protección y el derecho al antejuicio, que tiene el Presidente de la República, el Fiscal de la Nación, el Defensor del Pueblo y los Miembros del Tribunal Constitucional. La norma modificada, refuerza la inmunidad de los congresistas in extremis,  porque el texto  modificado, dice ahora que de acuerdo a ley "No son responsables  ante la autoridad ni órgano jurisdiccional alguno, por las opiniones y votos que emiten ni por acciones legislativas de fiscalización, de control político y otras inherentes a la labor que cumplen durante el ejercicio de sus funciones". Y adicionalmente a lo anterior, la norma reformada, crea un fuero especial  -que es la Corte Suprema- para delitos comunes cometidos durante su mandato.

La modificatoria implica que ahora los congresistas si pueden ser procesados y presos sin necesidad de autorización del Congreso, por delitos cometidos antes de su mandato y ese hecho al igual que la legislación brasileña, los remite al fuero común. En el contexto anterior, es necesario indicar que quien escribe este texto, cree necesario que para el ejercicio de su función, el congresista no debe tener responsabilidad por sus opiniones y votos en el ejercicio de la labor parlamentaria. Que el problema no era ese principio de garantía funcional que se tenía en la constitución, sino el mal uso que se hacía de este texto constitucional y que significaba que por delitos comunes cometidos antes de su mandato, el Congreso por intereses políticos -léase votos- no levantaba el fuero al congresista y que esa "protección" significaba impunidad, porque el delito en medio de esa demora podía no ser sancionado y hasta prescribir. 

Allí están los ejemplos del General Donayre y de Luciana León. En el caso del primero, pedido por la justicia por delitos cometidos antes de ser congresista (peculado)  al plegarse éste a la bancada mayoritaria, como el fujimorismo  controlaba la Mesa Directiva se demoro su levantamiento del fuero. En el caso de la parlamentaria aprista, aliado el aprismo con el fujimorismo, cometido su delito en el ejercicio de su función congresal, al cobrarle a las mafias del Distrito de La Victoria para favorecer sus trinquetes (tráfico de influencias) lo real es que la Sra. León está en libertad y conserva su derecho al antejuicio, procedimiento parlamentario  que no ha iniciado hasta ahora el nuevo congreso.

Es necesario indicar que la institución de la inmunidad parlamentaria nace del derecho medieval inglés, como  "freedom of speach" libertad de expresión y "freedom from arrest" libertad frente al arresto, que es tomada por otras legislaciones europeas y que nuestra constitución la recoge o se sustenta por la influencia de la constitución española en nuestro ordenamiento legal; que la conceptualiza como "inmunidad" y que deriva del derecho francés que nace con la Revolución Francesa. 

Es necesario indicar también, que en las legislaciones europeas, que le dan origen, el criterio general es la Autorización de la Cámara para el levantamiento del fuero, lo que implica el derecho de la institución, por criterio de su majestad, por justicia y por verdad, de levantar el fuero de sus propios integrantes. Algo que no ha funcionado en el Perú.

Para poder ejercer con independencia, con autonomía y libertad el cargo de congresista, para poder defenderse de las intrigas, los ataques y las presiones o los abusos de la política, la inmunidad es un derecho y una garantía, consagrada constitucionalmente en el Art 93° de nuestra Constitución. Pero el desprestigio de la política, de los políticos y de instituciones como el Congreso, hizo que por demagogia o por ignorancia de las mases, se pidiera su derogatoria; algo alentado por los propios parlamentarios en diversos foros y en la propia campaña electoral. Con los resultados obtenidos, tras la elección de los "Padres de la Patria" el "sí,sí"  de la campaña, se convirtieron en una abstención primero y luego en el estropicio jurídico posterior. 

Y aquí hay que hacer una precisión relativa a la volatilidad, poca organicidad y cohesión de los partidos. ACCIÓN POPULAR, como primera minoría en el Congreso, si bien se manifestó inicialmente en la intención de mantener la inmunidad como esta y regular la autorización para el levantamiento del fuero; en la campaña y en la votación del sábado 04 de julio, los congresistas "se partieron" . Unos por buscar congraciarse con la población se manifestaron abiertamente por su derogatoria,  otros se abstuvieron. Y el domingo  05 de julio, todos los congresistas -después de explicar alguno porque se abstuvieron el día anterior, por "principio" y por las "enseñanzas de Belaunde"- terminan aprobando ese mamarracho anti jurídico, que le quita las garantías para el ejercicio de su cargo al Presidente de la República y a otros altos funcionarios del Estado.

En el caso de la modificatoria del Art. 117° de la Constitución, es necesario indicar que el Presidente de la República no tiene inmunidad, el lo que no tiene es responsabilidad política durante su mandato, que es un concepto muy diferente. La irresponsabilidad política del Presidente durante su mandato, es un principio que nace con el concepto de democracia emanado de la Revolución Francesa, donde lo que se materializa es un equilibrio de poderes. Lo anterior en función de un poder emanado  del pueblo y no de la absoluta voluntad del rey o del  soberano. 

Ese principio de que "el poder emana del pueblo" y que es el pueblo al que se le debe dar cuenta y el que puede juzgar a sus gobernantes, es el que la cultura jurídica va regulando con el tiempo y que se institucionaliza en lo que consagraba hasta el domingo el Art. 117° de la Constitución, según el cual "El Presidente de la República solo puede ser acusado durante su periodo por  traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en  los casos previstos en el Arts. 134° de la Constitución y por impedir su reunión o funcionamiento o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral". Ahora el Presidente puede ser acusado por delitos contra la Administración Pública durante su mandato o antes de él. Y ni el ni sus Ministros tienen protección alguna durante su gestión. 

 En la historia del Perú, la responsabilidad constitucional del Presidente de la República, se ubica en la Constitución de Cádiz, en el Juicio de Residencia virreynal, por el que de oficio o por acción popular, el virrey debería permanecer sesenta días después de concluir su mandato para responder por actos realizados durante su mandato.  Salvo el Estatuto Provisorio de 1879, que no otorgo un mecanismo para juzgar la responsabilidad del Jefe de Estado, todas las demás constituciones de la historia del Perú, han recogido el principio del "Juicio de residencia"  o de principios procesales que fueron evolucionando en el tiempo, fijando la competencia en una acusación que nacía en la Cámara de Diputados, que llegaba al Senado de la República y que servia para acusar a los Ministros de Estado, a los congresistas y a los miembros de la Corte Suprema.

La normatividad que más se acerca al actual texto de este congreso plagado de "Constitucionalistas del Jr. Azangaro" es el que nace del Tribunal de Sanción Nacional de 1930, que se constituye tras el golpe de estado al Presidente Leguia y la asunción de Sanchez Cerro al poder. Este tribunal con una ley especial juzgo a Leguia, con el Código Procesal Penal de 1924, sin la garantía del fuero que le correspondia -porque no funcionaban las cámaras en el congreso- ni la garantía del juez natural y violando principios procesales. El juicio fue inconstitucional e ilegal, por malversación de fondos. Leguía nunca fue sentenciado, recluido en el Panóptico, murió enfermo y sin condena tras ser operado en el Hospital Naval el 06 de febrero de 1932.

Quitarle las garantías constitucionales para su ejercicio a la Presidencia de la República, es no afectar a Vizcarra,que es una simple "ave de paso" en la Casa de Pizarro- sino afectar la institución de la Presidencia de la República. Es no entender que el Presidente de la República "representa y personifica a la nación"; es ignorar que siendo éste  un régimen presidencialista, en el sistema político constitucional que tenemos, esto significa que al personificar a la nación, la Presidencia de la República esta por encima de otros poderes, porque  no todos son políticamente iguales ante la ley, porque el gobernante no tiene responsabilidad ante el Congreso durante su mandato  y ese principio no puede suprimirse, porque desnaturaliza la seguridad politico constitucional del ejercicio del poder y por ende de  la gestión del mandatario. Porque la responsabilidad del Presidente si la tuviera se traslada a sus Ministros de Estado y es mayor que la de los Congresistas. Porque quitarle ese blindaje lo expone al cavernicolismo, al infantilismo y a la inestabilidad política de un país con visos de republiqueta como el nuestro.

Lo anterior significa que a lo largo de la historia republicana la institución presidencial tiene un trato preferencial, por consideración y por la majestad del cargo. El que los últimos presidentes hayan cometido delitos o sean delincuentes, no significa que en  el futuro todos lo sean., ni es razón para quitarle ese privilegio constitucional a la Presidencia. Ahora bien, tampoco puede quitarsele por el mismo principio la inmunidad a los congresistas o ir al extremo, como lo han hecho infantil y al mejor estilo de una vendetta política, de reforzarlo para toda su gestión parlamentaria como se ha hecho, pues eso implica desequilibrar los contrapesos del poder. 

Al final, es el pueblo el gran perjudicado en esta conflictiva cantinflada política de la que hay que responsabilizar a ambos poderes. Con esta gente en el poder, creo que estamos una gran mayoría de peruanos con la misma inquietud. El que se vayan todos  lo más rápido del poder. Que llegue ya en 28 de julio del 2021. Aunque nos embargue la desesperanza de saber que los que toman la posta van a ser peores que los que se van. A eso nos esta condenando nuestra realidad política. No a saber elegir sino a "rezar después de elegir".


  




lunes, 6 de julio de 2020

N° 536 - EL PERU SE VA A LA "MELA"

POR CULPA DE SU CLASE POLÍTICA:




Cuando dibujaba el titular de éste artículo en mi memoria, en lo primero que pensé es en mi querida Tía Gloria -que es maestra jubilada y que hoy celebra su día- hermana menor de mi madre e históooooricamente cercana a mi familia y  a mis sentimientos a lo largo de mi vida. La Tía Gloria es bueno decirlo, es una persona a la que no le gusta el lenguaje coprolálico. Siempre me dice que no use en mis escritos "malas palabras", que no me pelee en política al interior de ACCIÓN POPULAR, que las cosas se pueden decir de otra manera. Pero finalmente, a pesar de saber que sus recomendaciones caen en "saco roto", se que las acepta a regañadientes por el cariño que me tiene y que es mutuo.

El problema es que yo soy antes que un escritor, un comunicador social al que la vida y el oficio de escribir,  le ha enseñado a ser directo, a usar las palabras precisas, sobre todo en política, donde hay especímenes que tienen un tipo complejo de psicopatía, que tienen el "cuero duro"; un cinismo digno de las más viles causas y una "flema inglesa", que ni Winston Churchill pudo exhibir ante el pueblo inglés, en tiempos de la azonada nazi sobre Londres. Y la mera verdad, es que después de ver el cínico infantilismo demagógico con el que desde el Congreso se petardea  por revanchismo la institucionalidad del país -expresada sin rubor entre otros, por esa caricatura de político que es ex-congresista y que se apellida Del Águila- manteniéndose los privilegios congresales, quitandosela no a Vizcarra sino a la institución presidencial; y tonteando asimismo a la gente con cosas que no son verdad. No creo que para graficar la actual situación se pueda decir  simplemente, que el país esta en "crisis". Las  consecuencias son mayores. 

En este blog hay una critica permanente a la clase política que padecemos; a la falta de institucionalidad que nos agobia; a la falta de técnicos que nos angustia; a la mediocridad política que parásita en estos menesteres de  la política y que tienen que ver con el destino de un país. A la desaparición  de partidos políticos y a su reemplazo, por plataformas electorales de carácter mercantil, que defienden intereses subalternos o proyectos políticos personales. En este blog hago tambien público, mi enfrentamiento con esos fariseos y oportunistas que trafican con el legado y la imagen de Belaunde, un político de solera que más allá de sus errores, fue un hombre honesto, un hombre de bien y un personaje que tenía una visión de país y de Estado. Un político que con Haya de la Torre son ya una especie de políticos extinguida e irrepetible.

Lo concreto y lo real, es que quienes ejercen el poder en el Perú, quienes toman  decisiones en la política y en la economía; quienes tiene la responsabilidad de organizar, de institucionalizar  o de gobernar el país, no dan la talla. Defienden intereses personales, actúan como si el país fuera su chacra, subestimando la inteligencia ajena, abusando de la ignorancia de gente a la manipulan con histrionico cinismo. Y frente al deterioro permanente de esta clase política, hoy tenemos un Presidente sin liderazgo y un Congreso de la República, con una gran mayoría de demagogos, de oportunista y de políticos de medio pelo que llegan al Congreso, porque la política es hoy más que nunca una actividad de  minorías pero en el sentido inverso a las necesidades del país. Antes ser politico era un honor, el congresista era un hombre respetado, con calidades personales e intelectuales y muchos de ellos inclusive no eran profesionales, pero era gente de bien, gente proba -con la cola de siempre de los políticos es cierto- pero gente respetable insisto. Hoy más bien cualquier "hijo de la guayaba" es congresista.

Y queda claro que en lo que toca a esta última elección congresal, "el remedio fue peor que la enfermedad". Que lo que elegimos como congreso y los que fueron electos como congresistas; nos dijeron y juraron que eran "diferentes" y que iban a buscar "conciliar con el ejecutivo" pero hicieron todo lo contrario. Y su actuación política es indignante, deprimente y frustrante. 

Estos caballeros presididos por un señor que en anteriores congresos fue simplemente "uno más del montón", pero que hoy es "Rey en tierra de Ciegos" o mejor dicho el "experimentado" en medio de una serie de noveles congresistas, necesitados de poder, de dinero y de cámaras, están destruyendo la poca institucionalidad que tenemos y vulnerando el estado de derecho. 

Y en medio del ridículo que hicieron algunos de esos "Padres de la Patria", -que están viviendo su cuarto de hora de fama- al decir el sábado que no votaban por el levantamiento de la inmunidad por "principio"  pero el domingo -ante el anuncio Presidencial a un referéndum- que hace que convoquen a Plenario esa la tarde -ante la grita y la protesta  ciudadana- se olvidan de "los principios" y de "las enseñanzas de su líder" y contradictoriamente, terminan votando a favor del levantamiento de la inmunidad parlamentaria, pero manipulando el articulado respectivo, pues introdujeron sin estar en agenda, sin pasar a comisiones y sin debate, el levantamiento de la inmunidad para delitos comunes, reforzando grosera e ilegalmente la inmunidad para la función congresal y levantándola totalmente para el Presidente  de la República, los Ministros de Estado, el Defensor del Pueblo y los miembros del Tribunal Constitucional. El infantilismo y la irresponsabilidad política en su máxima expresión. 

En lo estrictamente jurídico constitucional, solo la modificatoria al Art. 93° constitucional es legal o valida, porque solo esa modificatoria estaba en agenda. La modificatoria propuesta por el "Neo Constitucionalista" de ACCIÓN POPULAR, el Congresista Ricardo Burga Chuquipiondo, que nace de la "piconería" y "vendetta" propias de las mafias políticas y que modifica los Arts. 99°, 117°, 161° y 201°, no tienen valor legal. No estaba  en agenda, ni ha pasado  por comisiones y más tarde o más temprano esas modificatorias van a ser declaradas inconstitucionales.

El "trinquete", el engaño y la manipulación de lo aprobado en el Congreso, es que el supuesto levantamiento de la inmunidad parlamentaria es un artificio y un engaño. Lo anterior porque se levanta la inmunidad parlamentaria -que no era el problema en si, porque el problema era que por intereses políticos no  se levanta la inmunidad en el Congreso- para delitos comunes, pero se mantiene y se genera total impunidad para la función congresal, no ajena a excesos. 

El texto  modificado dice, palabras más palabras menos que "no son responsables ante la autoridad ni órgano jurisdiccional alguno, por las opiniones y votos que emiten ni por acciones legislativas de fiscalización, de control político y otras inherentes a la labor que cumplen durante el ejercicio de sus funciones". Quitarle el antejuicio al Presidente de la República, que representa a la Nación, es desestabilizar un régimen. Quitarle el antejuicio al Defensor del Pueblo y al Tribunal Constitucional por "infantil piconería", es entender de manera  delincuencial la labor congresal, es petardear el estado de derecho, es querer controlar a esos funcionarios. Es comprobar que la labor legislativa está en manos de gente mediocre y sin visión de estado. Que llegaron por poder, por figuración, por vanidad personal o por dinero. y no tienen la menor idea de lo que es la institucionalidad de un país y el equilibrio de poderes.

Y aquí nadie esta defendiendo a Vizcarra, que no tiene nivel de estadista, ni reflejos ni cintura política; a punto tal que no tiene ni bancada que lo respalde y no ha sabido manejar sus relaciones con el congreso. Pero más allá de los errores del gobierno -que son los  de un país sin líderes, ni técnicos, ni imaginación para ejercer el poder-  es necesario dejar constancia de que esta lejos de ser el "dictador" que pretenden que sea o un "controlador" de la Fiscalía o de los medios de comunicación, aunque  tiene su cuota de responsabilidad en esta crisis. En esta caricatura de país que dibujan ambos poderes día a día.

Los Señores que tienen sus "cuatro letras" en una curul parlamentaria, como han perdido el sentido de la realidad, creen, se aplauden y se abrazan, pensando que han hecho un "acto patriótico" y que "defienden los intereses del pueblo" cuando la gente los critica por calles y plazas, esta harta de su desarrollo político. Y en esa consideración, es necesario decir que la prensa se ha convertido en el mejor fiscalizador de las leguleyadas, de las estupideces y de la pillerías de la política y de los políticos. 

Esta pobre imagen de nuestra clase política repercute en la imagen de un país que se acerca a una república bananera; que ya tiene rasgos de republiqueta y que incluye al empresariado y a los que detentan el poder económico. Y lo anterior  porque vamos camino a esos periodos de inviabilidad y de crisis económica que ya hemos padecido en nuestra historia reciente.  A esos periodos de crisis  cíclicas que históricamente nos agobian. No dudo que Moisés Mamani entre esta gentita sería toda una figura política. Podría usar palabras mayores para el titular de éste artículo y lo que pretende expresar, pero la Tía Gloria me lee.....Digamos simplemente que "El Perú se va a la Mela".