viernes, 11 de febrero de 2022

N° 572 - LA CRISIS DEL PODER JUDICIAL

 YA RESULTA TAMBIEN INSOSTENIBLE:




Estamos en medio de una crisis politica nunca antes vista en el Perú, por culpa de la mediocridad de nuestra clase politica. Una crisis de gobernabilidad, de élites, de falta de intelectualidaden el ejercicio del poder; de ausencia de partidos politicos. No ha vivido nunca la historia del Perú una crisis como esta. A las corruptelas de siempre se ha sumado incapacidad e ignorancia.  No creo que haya habido en la Primera Magistradura de la nación, un gobernante con las limitaciones de Pedro Castillo, que es sin lugar a dudas, el Mesias Prometido como  desenlace de la crisis moral e institucional en la que iban a desembocar indefectiblemente, estos ultimos lustros, de un país sin un concepto claro de nación, jaloneado por intereses personales, capturado por la corrupción y las raterias de siempre.

Y en medio de esa crisis politica, que tiene que ver con la ausencia de  buen gobierno, con el manejo eficiente de la cosa pública, escribo esta noche sobre un tema que conozco desde hace más de cuarenta años. Sobre una institución y un sistema en el que estoy inmerso  desde mis 25 años; un sistema que tiene que ver con mi desarrollo profesional y mi forma de vida. Y no puedo negar que escribo con frustación, con mucha impotencia, con la misma frustración e impotencia que deben sentir miles de abogados y litigantes, que tienen que enfrentar la demora de sus procesos judiciales, el retardo de justicia, la inseguridad jurídica, la perdida de tiempo, dinero y esperanzas por una justicia pronta, que muchas veces se ve tachonada por las malas decisiones judiciales y la corrupción.

Antes de entrar en el tema de fondo, creo que es necesario indicar que en el país no hay igualdad jurídica entre el estado y el ciudadano, mientras se mantenga esa norma por la que el Estado esta exonerado del pago de tasas judiciales y del pago de costos y costas si pierde el proceso. Eso implica que las instituciones del Estado, Ministerios, Municipalidades, Essalud, por citar algunos nombres, dilaten procesos, por deudas mínimas y  los justiciables, tengan que enfrentar procesos con el Estado, por esas deudas,  que terminan "pulverizadas" tras pagar abogado, tasas. Al final el ciudadano  sufre un Estado "cabecero" cuyas historias secretas no vale comentar porque son harto conocidas.

En esa dirección, a pesar de haber vivido el Estado peruano las corruptelas de los arbitrajes, el propio estado sigue fomentando el sistema entre nacionales, despreciando el Propio Poder Judicial, quitandole valor a esta institución; dejando que entidades publicas bajo "criterios técnicos" como sucede con la Ley de Contrataciones del Estado, obliguen a someter sus diferencias a arbitros privados, de instituciones como la Camara de Comercio de Lima o  la Universidad Catolica, que cobran sumas elevadas por sus procesos. Al final no hay un sistema permanente de evaluación y calificación de los arbitros y sus fallos,  no son necesariamente mejores y más juridicos que los de un juez. Puede haber  celeridad, pero no necesariamente seguridad jurídica. Se trata de un sistema alternativo, no de un sistema obligatorio en determinadas instancias.

Para reemplazar a la Interdicción y Curatela, se ha dado una Ley de Apoyos y Salvaguardas, que no es más que otra prueba, del pobre nivel de nuestros legisladores, de que no tienen idea de lo que legislan y de la indolencia de otras entidades, como el Ministerio de la Mujer o del mismo Poder Judicial, que no han dicho nada sobre el tema. La ley es tan ridícula que una persona con incapacidad total permanente -que inclusive no puede hablar-  tiene que  nombrar su propia persona de apoyo.  No esta demas en éste pequeño entremes temático indicar que hay una falta de congruencia tremenda entre las normas. Para presentar una demanda, solo se necesita poder por escritura pública, sin embargo para conciliar que es el paso previo y obligatorio, se pide inscripción en registros públicos. Si las conciliaciones tienen caracter obligatorio dentro de un proceso judicial, estos gastos deberían integrarse a la liquidación de costas y no es así.

Los abogados y los justiciables -que muchas veces le echan la culpa a los abogados por la demora en los procesos- cuando estos son vícimas tambien, de un sistema, que hace agua por todos lados, no encuentran respuestas ni soluciones. Es indudablemente un problema presupuestal, se necesitan más juzgados, eso implica más personal, infraestructura, logistica. Pero el asunto es tambien de calidad en la administración de justicia, porque las universidades forman abogados, pero no forman juristas. Que la corrupción no es combatida como se debe tambien es parte del problema. Busque Ud en las paginas de la cortes de provincias como presentar una queja a ODECMA, llame Ud a los telefonos  de las Cortes por una información. No le van a contestar. No va a encontrar la información que busca. El MAU en Lima para los procesos civiles hace tiempo que no funciona. El juez te escucha por vacaciones -se han ido de vacaciones hasta el 15 de febrero- esta deshabilitado y funcionando el sistema, a veces responden, otras proveen, pero es muy raro conversar con el juez por video conferencia. 

Los expedientes penales no estan en el sistema y para leerlos, si es que se pueden leer, hay que hacer una y mil maromas jurídicas. Es absurdo que haya juzgados con 8,000 expedientes en giro y que los    secretarios, evacuen resoluciones expresando esa realidad y diciendo que con el personal de apoyo que tienen no pueden darse abasto para atender la demanda. Yo tengo tres resoluciones en esos terminos y eso es realmente penoso y frustrante. Es absurdo, inconcebible. Se esta jugando  a administrar justicia. Y en ese contexto el trabajador es el gran sacrificado por la problemática.

La pandemia ha generado un avance desde el punto de vistas de sistematizar la administración de justicia con nuevas tecnologías, pero no es lo mismo, la inmediatez del contacto personal en un proceso, la interacción tiene una riqueza  y una valoración que le da un contenido diferente. Ciudades como Andahuaylas, no tenian plataforma para ver expedientes, la tiene ahora pero no esta a disposición la información de sala por ejemplo. Creo que esta es una problematica a la que tiene que darse prioritaria atención. En mis casi 40 años de ejercicio de la profesión, los cantos de sirena de la reforma judicial siempre han sonado en el Perú, pero no han resuelto nada. Es penoso todo esto, es frustrante insisto. El Perú se nos esta yendo de las manos y no podemos entregar a los que vienen atras una caricatura de país.